A través del acuerdo 034, Merino de Lama, junto a sus vicepresidentes Luis Valdez, Guillermo Aliaga y María Cabrera, decidieron que los documentos 120 y 122 del anterior periodo parlamentario queden sin efecto, al determinar que, al momento de que fueron aprobados, “no se contaba con certificación presupuestal”.

“Asimismo, conforme se dispone en el artículo 41° del Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, la certificación del crédito presupuestario constituye un acto de administración cuya finalidad es garantizar que se cuenta con el crédito presupuestario disponible y libre de afectación, para comprometer un gasto con cargo al presupuesto institucional autorizado para el año fiscal respectivo. La certificación resulta requisito indispensable cada vez que se prevea realizar un gasto, suscribir un contrato o adquirir un compromiso adjuntándose al respectivo expediente”, se lee en el documento.

En el reciente acuerdo, las actuales autoridades legislativas señalaron también que el derecho al pago de las gratificaciones de julio y diciembre se otorgará “siempre y cuando hayan permanecido laborando" por el periodo completo en el semestre correspondiente, sin embargo, la anterior representación nacional cesó sus funciones el 30 de setiembre del 2019, día en el que el presidente de la República, Martín Vizcarra, disolvió el Congreso.

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Fuente: Ozono Televisión

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